Ley 25 de 1923: cuando Colombia decidió tener un banco central

El desorden previo

Antes de 1923, Colombia carecía de una autoridad monetaria única. La emisión de billetes había estado en manos de bancos privados y del propio Estado en distintos momentos, con episodios inflacionarios severos y una desconfianza pública considerable hacia el papel moneda. La memoria de la emisión desbordada durante la Guerra de los Mil Días seguía viva entre quienes tomaban decisiones económicas.

A ese cuadro se sumaba un elemento de coyuntura: la indemnización pagada por Estados Unidos en virtud del tratado relativo a la separación de Panamá introdujo en la economía colombiana un volumen de recursos que hacía más urgente contar con instituciones capaces de administrarlos.

La misión y la ley

El gobierno contrató a un grupo de expertos extranjeros encabezado por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer, cuyo trabajo derivó en un paquete de reformas que el Congreso tramitó en 1923. La Ley 25 de ese año creó el Banco de la República como banco central, con la facultad exclusiva de emitir moneda, y le asignó funciones de banquero del Estado y de los bancos comerciales.

El mismo ciclo de reformas produjo la Ley 45 sobre establecimientos bancarios y la creación de la Superintendencia Bancaria, además de un ordenamiento fiscal más riguroso. Es decir, no se trató de una sola institución sino de una arquitectura completa.

La lección de 1923 no está en el nombre de la entidad creada, sino en que se creó junto con quien debía vigilarla.

Lo que la institución hizo después

La trayectoria posterior del Banco no fue lineal y merece registrarse sin idealizaciones. Durante buena parte del siglo XX la entidad asumió funciones que hoy resultarían impropias de un banco central, incluido el fomento crediticio a sectores específicos, y su autonomía frente al gobierno de turno fue variable.

El cambio decisivo llegó con la Constitución de 1991, que consagró al Banco de la República como entidad estatal de naturaleza única, con régimen propio y una Junta Directiva definida como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. La Ley 31 de 1992 desarrolló ese mandato y fijó el control de la inflación como objetivo primordial.

Conviene recordar además que la entidad asumió desde temprano una función cultural que ninguna ley la obligaba a ejercer con esa amplitud: la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo del Oro y la red de bibliotecas y áreas culturales en ciudades intermedias dependen de su presupuesto.

Balance

Un siglo después, el resultado más comprobable de aquella decisión es la ausencia de episodios hiperinflacionarios en la historia colombiana reciente, una excepción notable en el contexto latinoamericano del siglo XX. No es un logro espectacular ni fácil de exhibir, porque consiste en algo que no ocurrió. Pero las instituciones más útiles suelen medirse exactamente así: por las crisis que administraron antes de que se volvieran memorables.