Crónica · 1968 · Bogotá
El ICBF y la casa de la vecina: cómo el país convirtió el cuidado infantil en política pública
Creado por la Ley 75 de 1968, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar construyó su cobertura sobre una figura poco convencional: mujeres que abrieron sus propias viviendas para atender a los niños del barrio.
La ley que lo creó
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue creado por la Ley 75 de 1968, norma que también reformó el régimen de investigación de la paternidad y de los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio. La entidad nació, entonces, vinculada desde el comienzo a dos frentes: la protección de la niñez y la regulación de las obligaciones familiares.
Se financió con un aporte parafiscal calculado sobre las nóminas, esquema que le dio, como al SENA una década antes, recursos propios y capacidad de operación sostenida al margen del ciclo presupuestal.
Una solución nacida de la escasez
El desafío inicial era de escala: atender a la primera infancia en un país que se urbanizaba rápido, con familias que llegaban a las ciudades sin redes de apoyo y sin oferta de cuidado disponible. Construir centros de atención al ritmo de esa demanda era financieramente imposible.
La respuesta fue el programa de hogares comunitarios de bienestar, desarrollado principalmente desde los años ochenta. En lugar de edificar, la entidad habilitó viviendas de mujeres de los mismos barrios para que atendieran a un grupo pequeño de niños del vecindario, con dotación, minuta alimentaria y acompañamiento técnico.
El país resolvió con casas prestadas un problema que no podía resolver con edificios propios.
Las madres comunitarias
La figura tuvo consecuencias que excedieron el diseño. Decenas de miles de mujeres asumieron la atención, y su situación laboral se convirtió con los años en un asunto de discusión pública y judicial. Inicialmente vinculadas como colaboradoras solidarias, sin relación laboral formal, fueron obteniendo progresivamente reconocimientos en materia de seguridad social y remuneración, mediante decisiones judiciales y reformas normativas sucesivas.
Ese proceso ilustra un problema general de las políticas sociales que se apoyan en trabajo comunitario: la eficiencia de corto plazo se sostuvo, durante años, sobre la informalidad de quienes prestaban el servicio.
El giro de 2006
El Código de la Infancia y la Adolescencia, expedido en 2006, reordenó el marco. Sustituyó la doctrina de la situación irregular por la de protección integral, definió a los niños y adolescentes como sujetos de derechos con prevalencia sobre los demás, y precisó las competencias del instituto en materia de restablecimiento de derechos y de responsabilidad penal adolescente.
La entidad quedó también como coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que articula a las entidades del orden nacional y territorial con responsabilidades sobre niñez y familia.
Lo que la entidad hace hoy
Su operación cubre atención a la primera infancia en distintas modalidades, programas de alimentación, procesos de restablecimiento de derechos para niños en situación de riesgo, adopciones y regulación de la conciliación en asuntos de familia. Buena parte se ejecuta mediante operadores contratados, esquema que ha generado discusiones recurrentes sobre control y calidad.
Casi seis décadas después, el instituto sigue siendo el principal instrumento del Estado colombiano en materia de niñez, y su historia muestra cómo una política pública puede alcanzar cobertura nacional apoyándose en estructuras sociales que el Estado no construyó.
“El país resolvió con casas prestadas un problema que no podía resolver con edificios propios.”
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Cubre patrimonio y bibliotecas. Sostiene que el archivo es la infraestructura más barata que un país puede construir.