Perfil · 1989 · Bogotá
El Archivo General de la Nación: un edificio construido para que el Estado no olvide
Creado por ley en 1989 y alojado desde los años noventa en una sede diseñada por Rogelio Salmona, el Archivo custodia la documentación histórica del país y regula cómo deben conservar sus papeles todas las entidades públicas.
Dos funciones en una entidad
El Archivo General de la Nación hace dos cosas que suelen confundirse. La primera es custodiar: conserva fondos documentales que abarcan desde el periodo colonial hasta la administración republicana, incluidos protocolos notariales, expedientes judiciales y correspondencia oficial de varios siglos.
La segunda es regular. La entidad fija la política archivística del Estado colombiano y expide las normas técnicas que todas las entidades públicas deben aplicar para producir, clasificar, conservar y disponer de sus documentos. Esa función normativa es menos vistosa que la custodia, pero determina si dentro de cincuenta años existirá algo que archivar.
La creación
La entidad fue creada mediante ley en 1989, recogiendo la tradición del antiguo Archivo Nacional, que había conservado documentación histórica desde el siglo XIX en condiciones materiales precarias y con una capacidad institucional limitada.
El marco se completó en 2000 con la Ley General de Archivos, que estableció la obligación de las entidades públicas de organizar sus archivos, definió el archivo como parte del patrimonio documental de la Nación y ordenó la conformación del Sistema Nacional de Archivos.
Un Estado que no puede consultar lo que decidió hace treinta años tiene que improvisar cada vez.
El edificio
La sede en Bogotá fue diseñada por Rogelio Salmona y construida en la primera mitad de los años noventa. Es una obra de ladrillo, con patios interiores y circulaciones que separan las áreas de depósito de las de consulta, resuelta con los criterios de luz y recorrido que caracterizan el trabajo del arquitecto.
El encargo tenía condiciones técnicas exigentes: los depósitos documentales requieren estabilidad térmica y control de humedad, y la conservación de papel de varios siglos impone restricciones sobre la iluminación natural. El resultado es uno de los pocos edificios públicos colombianos concebidos íntegramente en función de una tarea de conservación.
Lo que se guarda y lo que se consulta
Los fondos incluyen documentación de las instituciones coloniales, archivos de la República, fondos notariales y series de entidades nacionales que han sido transferidas al concluir su vigencia administrativa. Investigadores, estudiantes y ciudadanos acceden a esos materiales, y una parte creciente se ha digitalizado para consulta en línea.
El uso ciudadano ha crecido por vías que no estaban previstas en 1989. Procesos de restitución de tierras, reclamaciones pensionales y esclarecimiento de hechos del conflicto armado han encontrado en los archivos públicos una fuente de prueba, lo que convirtió una función patrimonial en una función de garantía de derechos.
Una tarea sin final
La producción documental del Estado es hoy mayoritariamente digital, y eso desplazó el problema en lugar de resolverlo. Conservar un expediente electrónico durante décadas exige decisiones sobre formatos, migraciones y autenticidad que apenas empiezan a estandarizarse. El instituto que se ocupa del papel de la Colonia enfrenta ahora un asunto más difícil: garantizar que un archivo creado este año siga siendo legible en el siguiente siglo.
“Un Estado que no puede consultar lo que decidió hace treinta años tiene que improvisar cada vez.”
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Cubre patrimonio y bibliotecas. Sostiene que el archivo es la infraestructura más barata que un país puede construir.