Cronología · 1991 · Bogotá
Cronología de la Constitución de 1991: del movimiento estudiantil a la Asamblea Constituyente
Entre una papeleta impulsada por universitarios y la promulgación de una carta de 380 artículos transcurrieron menos de dos años. Reconstrucción ordenada de un proceso que redefinió el marco institucional colombiano.
El punto de partida
La Constitución que rigió a Colombia durante más de un siglo fue la de 1886, reformada en numerosas ocasiones pero nunca sustituida. Hacia finales de los años ochenta, el país acumulaba una crisis institucional prolongada, agravada por la violencia del narcotráfico y por el desgaste de los mecanismos ordinarios de reforma constitucional, que habían fracasado repetidamente.
En ese contexto surgió una iniciativa ciudadana promovida principalmente por estudiantes universitarios, conocida como la Séptima Papeleta, que proponía incluir en las elecciones de marzo de 1990 un voto adicional a favor de convocar una asamblea constitucional.
La secuencia
Los hitos del proceso pueden ordenarse con precisión:
- El conteo informal de la papeleta estudiantil en marzo de 1990 mostró un respaldo suficiente para que el gobierno considerara viable la convocatoria formal.
- En mayo de 1990 se incluyó oficialmente la consulta en las elecciones presidenciales.
- El 9 de diciembre de 1990 se eligieron los setenta delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente.
- La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991 y trabajó durante cinco meses.
- El texto se promulgó el 4 de julio de 1991.
Una constitución no resuelve los conflictos de un país; les cambia el terreno donde se disputan.
La composición de la Asamblea
El cuerpo constituyente estuvo presidido de manera colegiada por tres figuras que representaban corrientes políticas distintas y hasta entonces enfrentadas: Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional; Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal; y Antonio Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19, agrupación surgida de la desmovilización de la guerrilla del M-19. Esa tripartición no fue un detalle protocolario: dejó constancia de que el pacto constitucional se construyó incorporando a actores que provenían de fuera del bipartidismo tradicional.
Lo que introdujo el texto
La Carta de 1991 estableció, entre otras disposiciones de fondo, la definición de Colombia como Estado social de derecho, el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación, la elección popular de gobernadores, la creación de la Corte Constitucional y de la Fiscalía General de la Nación, y la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales.
De todas esas innovaciones, la tutela fue la que modificó con mayor rapidez la relación cotidiana entre los ciudadanos y el Estado, al ofrecer un procedimiento breve, sin exigencia de abogado y con plazo perentorio de decisión judicial.
Una valoración a distancia
Más de tres décadas después, el balance admite matices. Varias promesas del texto siguen sin desarrollo pleno y algunos de sus diseños institucionales han sido objeto de reformas sucesivas. Pero la Constitución de 1991 cumplió una función que las anteriores reformas no lograron: dotó al país de un marco normativo capaz de tramitar conflictos que antes solo encontraban salida por fuera de las instituciones. Ese es, medido con sobriedad, un legado considerable.
“El mérito de aquella asamblea no fue redactar bien, sino sentar en la misma mesa a quienes no se hablaban.”
Línea de tiempo
1990
El movimiento de la Séptima Papeleta impulsa la convocatoria de una asamblea constitucional.
1990
El 9 de diciembre se eligen los setenta delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente.
1991
La Asamblea se instala el 5 de febrero bajo una presidencia colegiada de tres corrientes políticas.
1991
El 4 de julio se promulga la nueva Constitución, con 380 artículos.
1992
Entra en funcionamiento la Corte Constitucional y comienza la aplicación masiva de la acción de tutela.
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Dirige la sala de redacción desde su fundación. Escribe sobre obra pública y gestión institucional con la convicción de que una carretera es también un documento político.
