Del INDERENA al Ministerio: cronología de la institucionalidad ambiental colombiana

Antes de la ley

La preocupación estatal por los recursos naturales en Colombia es anterior a 1993. En 1968 se creó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, conocido como INDERENA, adscrito al sector agropecuario, que durante veinticinco años concentró la administración de bosques, fauna, aguas y áreas protegidas.

En 1974 el país expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, un cuerpo normativo que anticipó por varios años a la mayoría de las legislaciones ambientales latinoamericanas y que todavía se cita como fuente en decisiones judiciales y administrativas.

El cambio de escala

Dos hechos empujaron la reforma de comienzos de los noventa. El primero, interno: la Constitución de 1991 incorporó un conjunto amplio de disposiciones sobre ambiente sano, deber de conservación y función ecológica de la propiedad, al punto de que se le ha llamado con frecuencia una constitución ecológica. El segundo, externo: la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, comprometió a los países firmantes con marcos institucionales de gestión ambiental.

Una ley ambiental no protege ecosistemas: organiza quién responde por ellos.

Lo que hizo la Ley 99

La ley, expedida en diciembre de 1993, produjo tres cambios estructurales.

Creó el Ministerio del Medio Ambiente como cabeza del sector, elevando la gestión ambiental del rango de instituto adscrito al de cartera ministerial. Organizó el Sistema Nacional Ambiental, que articula al ministerio con las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales urbanas, los entes territoriales y las entidades de investigación. Y estableció un conjunto de institutos de investigación de apoyo, entre ellos el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el instituto dedicado a la Amazonia.

Las corporaciones autónomas regionales, algunas de las cuales existían desde mucho antes, quedaron reordenadas bajo un mismo régimen y con jurisdicción sobre todo el territorio nacional.

Los ajustes posteriores

La arquitectura no permaneció estable. En 2003 el ministerio fue fusionado con funciones de vivienda y desarrollo territorial, decisión que redujo su peso relativo dentro del Gobierno. En 2011 la fusión se deshizo y se restableció una cartera ambiental separada, con la creación paralela de una autoridad especializada en licenciamiento.

Ese vaivén es en sí mismo un dato: la posición del asunto ambiental en la estructura del Estado colombiano ha dependido de la orientación de cada gobierno más que de un consenso asentado.

El saldo

Tres décadas después, el país cuenta con un marco normativo denso, una red de autoridades regionales con recursos propios y una capacidad técnica de información ambiental que no existía antes. También arrastra problemas persistentes de deforestación, de conflictos por el uso del agua y de desempeño desigual entre corporaciones. La ley organizó las responsabilidades; no garantizó, por sí sola, que se cumplieran.